La norma fue sancionada por la Asamblea Nacional el 31 de julio y posteriormente promulgada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, el 7 de agosto.

El nuevo instrumento jurídico había sido presentado ante el Parlamento como una herramienta destinada a estimular el mercado de arrendamiento y generar condiciones para que inmuebles actualmente fuera de circulación puedan incorporarse nuevamente a la oferta residencial. La Asamblea Nacional aprobó el proyecto en primera discusión el 14 de julio.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González Travieso, ha valorado positivamente la nueva legislación y señaló que recoge planteamientos formulados por el gremio para alcanzar un equilibrio entre arrendadores y arrendatarios.

Entre los elementos destacados por González se encuentran la libertad de contratación, la posibilidad de establecer el canon en divisas o en bolívares calculados al tipo de cambio oficial, mecanismos de arbitraje para resolver controversias y disposiciones relacionadas con el incumplimiento de los contratos.

El dirigente gremial también ha señalado que la nueva legislación puede contribuir a recuperar la confianza de los propietarios y estimular la construcción de nuevos inmuebles destinados al alquiler.

Para el sector inmobiliario, el reto ahora será convertir el nuevo marco jurídico en mayor oferta efectiva de viviendas, inversión y actividad constructiva, en un mercado que durante años estuvo condicionado por restricciones legales, falta de financiamiento y reducción del inventario residencial.

La promulgación representa así un cambio relevante para el funcionamiento del mercado de alquileres y una de las principales novedades legislativas del sector durante 2026.

El presidente de la institución, Pablo González Travieso, señaló que la reactivación de la construcción debe ser considerada una herramienta fundamental para atender las necesidades de vivienda, generar empleos y movilizar diferentes sectores vinculados a la actividad inmobiliaria.

El planteamiento adquiere especial relevancia en el contexto del Plan Venezuela Renace, que contempla la rehabilitación de viviendas afectadas, la construcción de nuevos desarrollos y la recuperación de infraestructura urbana.

Desde la perspectiva gremial, la recuperación del sector requiere condiciones que permitan aumentar la oferta inmobiliaria y facilitar la participación de promotores, constructores, propietarios y entidades financieras.

La Cámara ha insistido en la necesidad de revisar el marco jurídico que regula la actividad inmobiliaria, así como de establecer mecanismos que permitan recuperar la confianza y estimular nuevas inversiones.

La construcción tiene además un efecto multiplicador sobre la economía, debido a su relación con industrias como cemento, acero, materiales eléctricos, transporte, servicios profesionales y mano de obra especializada.

En este escenario, la recuperación de las zonas afectadas por los terremotos puede convertirse también en una oportunidad para impulsar proyectos urbanos con criterios de seguridad estructural, planificación territorial y modernización de servicios.

La CIV considera que una estrategia coordinada entre Estado, sector privado, banca y gremios puede contribuir a convertir la emergencia habitacional en una oportunidad para fortalecer el parque inmobiliario nacional.

La presidenta Delcy Rodríguez anunció que la banca pública y privada está preparada para participar en el programa, que contempla créditos para la adquisición de inmuebles disponibles en el mercado secundario.

Uno de los aspectos centrales del mecanismo es la participación directa del Estado mediante subsidios otorgados a través del Fondo Venezuela Renace. Para viviendas de hasta 70.000 dólares se estableció un subsidio equivalente al 80 % del valor del inmueble, mientras que el porcentaje restante podrá ser financiado por el beneficiario a largo plazo.

Para propiedades cuyo valor se encuentre entre 70.000 y 100.000 dólares, el esquema contempla un subsidio estatal de 50 %, mientras que el beneficiario asumiría el porcentaje restante mediante financiamiento.

La medida incorpora al mercado secundario como una vía para ampliar rápidamente la disponibilidad de viviendas, frente a la necesidad de ofrecer soluciones a las familias que quedaron sin hogar.

Rodríguez también ordenó mantener vigilancia sobre los precios de los inmuebles para evitar prácticas especulativas que puedan perjudicar a los afectados. La estrategia, por tanto, combina financiamiento, subsidios, oferta inmobiliaria existente y supervisión del mercado.

Para la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, este tipo de mecanismos puede representar una oportunidad para movilizar inventario disponible y facilitar el acceso de las familias al mercado formal de vivienda. La información oficial sobre el plan fue difundida por Prensa Presidencial durante las jornadas de seguimiento a la recuperación habitacional.

Durante el encuentro, dedicado especialmente al capítulo de vivienda, se revisó el avance de las obras que actualmente se encuentran en ejecución y que tienen como objetivo garantizar soluciones habitacionales definitivas para las personas que perdieron sus hogares.

La reunión también permitió evaluar nuevas alternativas de terrenos para continuar ampliando el plan habitacional. De acuerdo con la información oficial, el Gobierno Nacional avanza en la identificación y evaluación de suelos en el estado La Guaira, priorizando aquellos que presenten condiciones de seguridad y sean técnicamente aptos para la construcción.

Desde la perspectiva del sector inmobiliario, la identificación de nuevos terrenos constituye un componente fundamental de cualquier estrategia de recuperación urbana, especialmente después de un evento sísmico que obliga a revisar las condiciones de habitabilidad, infraestructura y servicios de las zonas afectadas.

La estrategia gubernamental contempla tanto la construcción de nuevas viviendas como la recuperación de inmuebles existentes, con la finalidad de atender a las familias damnificadas y garantizar que los procesos de reubicación se desarrollen bajo criterios técnicos.

La reunión forma parte del despliegue del Plan Venezuela Renace, que mantiene como prioridad la recuperación habitacional y urbana de las entidades más afectadas.

La precisión resulta especialmente relevante para propietarios y comunidades afectadas, debido a que la clasificación roja dentro del sistema de evaluación utilizado por las autoridades identifica inicialmente aquellos inmuebles que presentan condiciones que impiden el ingreso seguro mientras se realizan estudios adicionales.

La comisión ha explicado que una edificación clasificada en rojo no necesariamente será demolida. Antes de adoptar una decisión definitiva se realizan evaluaciones complementarias destinadas a determinar el nivel de afectación estructural y las posibilidades técnicas de reparación o reforzamiento.

Este procedimiento busca evitar decisiones apresuradas y garantizar que las intervenciones respondan a criterios técnicos especializados.

El proceso forma parte del despliegue nacional de evaluación de viviendas e infraestructura afectadas por los movimientos sísmicos, con participación de profesionales venezolanos y especialistas internacionales.

La metodología de evaluación mediante categorías verde, amarilla y roja permite establecer prioridades para las intervenciones. Mientras los inmuebles verdes pueden ser habitados bajo las condiciones determinadas por los técnicos, las estructuras amarillas requieren trabajos de reparación o reforzamiento y las rojas deben permanecer restringidas hasta completar los estudios correspondientes.

La información adquiere especial importancia para el mercado inmobiliario, pues la recuperación de inmuebles mediante reparación y reforzamiento permite preservar patrimonio familiar, reducir la necesidad de demoliciones y facilitar posteriormente la reincorporación de propiedades al mercado.

El Gobierno ha insistido en que la prioridad es garantizar la seguridad de las familias y que cualquier decisión sobre demolición debe sustentarse en evaluaciones técnicas.

La Asamblea Nacional aprobó un nuevo marco legal que establece normas para regular el arrendamiento de inmuebles residenciales y comerciales, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica entre propietarios e inquilinos.

El diputado Rigel Sergent explicó que la legislación incorpora criterios más precisos para el cálculo de los cánones de arrendamiento, exige la formalización de los contratos y crea una instancia de mediación previa para la resolución de conflictos antes de acudir a los tribunales.

Según indicó, la normativa busca incentivar la oferta de viviendas y locales en alquiler, brindando mayor protección al patrimonio de los propietarios, al tiempo que garantiza los derechos de los arrendatarios frente a incrementos excesivos o cobros arbitrarios.

Asimismo, informó que el Parlamento continúa avanzando en la discusión de la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Vivienda y en la reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. El objetivo de estas iniciativas es ofrecer mayores garantías a las familias que buscan acceder a una vivienda en alquiler.

Durante la jornada, diseñada para explorar mecanismos financieros innovadores junto a diversos sectores productivos del país, la representación gremial reiteró su compromiso de dinamizar la economía nacional mediante el fortalecimiento de herramientas bursátiles.

“Dimos un excelente y gran paso para lograr este anhelo que, desde el día uno de nuestra gestión, nos hemos comprometido a alcanzar: conseguir financiamientos alternativos a través del mercado de valores”, señaló Pablo González, presidente de la CIV.

Primeros pasos para la producción de vivienda

Uno de los principales logros resaltados durante la actividad fue el avance hacia la captación de recursos para el desarrollo habitacional. Según se dio a conocer, ya se contemplan las posibilidades de canalizar fondos iniciales para el arranque de un programa orientado a la producción inmediata de viviendas.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela concluyó su participación reafirmando su visión optimista sobre el futuro del sector y ratificando su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del país a través de soluciones financieras sostenibles y de alto impacto.

Dicha actividad también contó con la presencia del Superintendente Nacional de Valores, Carlos Herrera, y promotores inmobiliarios de Caracas, La Guaira y Miranda.

Durante la jornada, diseñada para explorar mecanismos financieros innovadores junto a diversos sectores productivos del país, la representación gremial reiteró su compromiso de dinamizar la economía nacional mediante el fortalecimiento de herramientas bursátiles.

“Dimos un excelente y gran paso para lograr este anhelo que, desde el día uno de nuestra gestión, nos hemos comprometido a alcanzar: conseguir financiamientos alternativos a través del mercado de valores”, señaló Pablo González, presidente de la CIV.

Primeros pasos para la producción de vivienda

Uno de los principales logros resaltados durante la actividad fue el avance hacia la captación de recursos para el desarrollo habitacional. Según se dio a conocer, ya se contemplan las posibilidades de canalizar fondos iniciales para el arranque de un programa orientado a la producción inmediata de viviendas.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela concluyó su participación reafirmando su visión optimista sobre el futuro del sector y ratificando su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del país a través de soluciones financieras sostenibles y de alto impacto.

Dicha actividad también contó con la presencia del Superintendente Nacional de Valores, Carlos Herrera, y promotores inmobiliarios de Caracas, La Guaira y Miranda.

Durante su intervención en el Consejo Nacional de Economía, González Travieso enfatizó que la construcción y rehabilitación de viviendas en las áreas afectadas por el terremoto no solo constituyen una respuesta humanitaria inmediata, sino que también actúan como un motor dinamizador para la economía nacional. Según sus palabras, revitalizar este sector es crucial para generar empleo y activar la cadena de suministro de materiales y servicios relacionados.

Condiciones jurídicas para la inversión

Un aspecto fundamental que destacó el líder gremial es la necesidad de crear condiciones jurídicas sólidas y confiables en el país. “Para atraer a los inversionistas y fomentar alternativas de financiamiento para la construcción de viviendas, es indispensable establecer un marco legal que brinde seguridad y confianza”, afirmó González Travieso.

Subrayó que un entorno jurídico favorable no solo facilitaría la inversión nacional, sino que también abriría las puertas a capital extranjero, permitiendo así un flujo de recursos que podría ser determinante en la reconstrucción y desarrollo del sector habitacional.

Colaboración estratégica para la reconstrucción

El líder gremial subrayó la necesidad de una colaboración efectiva entre los sectores público y privado. Destacó que la coordinación bajo la dirección del Ejecutivo nacional es fundamental para acelerar la implementación de los planes de reconstrucción.

“La sinergia entre el Estado y el sector privado es vital para que las obras de edificación se realicen con la eficiencia y rapidez que demandan las comunidades afectadas”, afirmó González Travieso, reafirmando el compromiso del sector inmobiliario en el proceso de recuperación habitacional y en el fortalecimiento del aparato productivo del país.

Finalmente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria insistió que la defensa de la propiedad privada debe permanecer como una prioridad en la agenda nacional, asegurando que el esfuerzo conjunto se traduzca en soluciones habitacionales seguras y en un impacto positivo para el desarrollo integral de Venezuela.

El anuncio fue realizado este sábado durante una rueda de prensa internacional por el presidente del Poder Legislativo Nacional y jefe del Estado Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios, diputado Jorge Rodríguez (PSUV). Durante su intervención, Rodríguez destacó la importancia de actuar con celeridad ante la crisis habitacional generada por los sismos.

La Asamblea Nacional se encuentra trabajando en colaboración con diversas instituciones y organizaciones, como la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) para implementar medidas que permitan a las familias desplazadas acceder a soluciones habitacionales adecuadas y dignas en el menor tiempo posible.

Para más información, la CIV invita a mantenerse atentos a las próximas actualizaciones sobre este proceso legislativo y las medidas que se implementarán para ayudar a las familias afectadas.