La precisión resulta especialmente relevante para propietarios y comunidades afectadas, debido a que la clasificación roja dentro del sistema de evaluación utilizado por las autoridades identifica inicialmente aquellos inmuebles que presentan condiciones que impiden el ingreso seguro mientras se realizan estudios adicionales.

La comisión ha explicado que una edificación clasificada en rojo no necesariamente será demolida. Antes de adoptar una decisión definitiva se realizan evaluaciones complementarias destinadas a determinar el nivel de afectación estructural y las posibilidades técnicas de reparación o reforzamiento.

Este procedimiento busca evitar decisiones apresuradas y garantizar que las intervenciones respondan a criterios técnicos especializados.

El proceso forma parte del despliegue nacional de evaluación de viviendas e infraestructura afectadas por los movimientos sísmicos, con participación de profesionales venezolanos y especialistas internacionales.

La metodología de evaluación mediante categorías verde, amarilla y roja permite establecer prioridades para las intervenciones. Mientras los inmuebles verdes pueden ser habitados bajo las condiciones determinadas por los técnicos, las estructuras amarillas requieren trabajos de reparación o reforzamiento y las rojas deben permanecer restringidas hasta completar los estudios correspondientes.

La información adquiere especial importancia para el mercado inmobiliario, pues la recuperación de inmuebles mediante reparación y reforzamiento permite preservar patrimonio familiar, reducir la necesidad de demoliciones y facilitar posteriormente la reincorporación de propiedades al mercado.

El Gobierno ha insistido en que la prioridad es garantizar la seguridad de las familias y que cualquier decisión sobre demolición debe sustentarse en evaluaciones técnicas.

Durante su intervención en el Consejo Nacional de Economía, González Travieso enfatizó que la construcción y rehabilitación de viviendas en las áreas afectadas por el terremoto no solo constituyen una respuesta humanitaria inmediata, sino que también actúan como un motor dinamizador para la economía nacional. Según sus palabras, revitalizar este sector es crucial para generar empleo y activar la cadena de suministro de materiales y servicios relacionados.

Condiciones jurídicas para la inversión

Un aspecto fundamental que destacó el líder gremial es la necesidad de crear condiciones jurídicas sólidas y confiables en el país. “Para atraer a los inversionistas y fomentar alternativas de financiamiento para la construcción de viviendas, es indispensable establecer un marco legal que brinde seguridad y confianza”, afirmó González Travieso.

Subrayó que un entorno jurídico favorable no solo facilitaría la inversión nacional, sino que también abriría las puertas a capital extranjero, permitiendo así un flujo de recursos que podría ser determinante en la reconstrucción y desarrollo del sector habitacional.

Colaboración estratégica para la reconstrucción

El líder gremial subrayó la necesidad de una colaboración efectiva entre los sectores público y privado. Destacó que la coordinación bajo la dirección del Ejecutivo nacional es fundamental para acelerar la implementación de los planes de reconstrucción.

“La sinergia entre el Estado y el sector privado es vital para que las obras de edificación se realicen con la eficiencia y rapidez que demandan las comunidades afectadas”, afirmó González Travieso, reafirmando el compromiso del sector inmobiliario en el proceso de recuperación habitacional y en el fortalecimiento del aparato productivo del país.

Finalmente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria insistió que la defensa de la propiedad privada debe permanecer como una prioridad en la agenda nacional, asegurando que el esfuerzo conjunto se traduzca en soluciones habitacionales seguras y en un impacto positivo para el desarrollo integral de Venezuela.

Tibaire Altuve, coordinadora nacional en micondominio.com, señaló que en caso de desalojo o daños graves, se insta a las comunidades a reunirse inicialmente como una «asamblea de ciudadanos y vecinos» para apoyarse mutuamente, sin rigideces formales de juntas de condominio, e intentar localizar a copropietarios fuera del país. Si los líderes formales fallecieron o no están, cualquier vecino puede asumir el liderazgo emergente.

«Lo primero que hay que hacer es reunir a esa comunidad, no como Junta de Condominio, no como una asamblea de propietarios, sino como una asamblea de ciudadanos, de vecinos que están pasando por la misma calamidad y que tienen que verse, tienen que escucharse y tienen que socorrerse mutuamente», dijo la rotaria.

Por su arte, detalló los mecanismo de consulta digital a los afectados, cuyo objetivo esa aprobar cuotas extraordinarias o reparaciones urgentes sin asambleas presenciales masivas, la Ley de Propiedad Horizontal (Artículo 23) respalda las consultas escritas y el uso de vías híbridas o remotas (Zoom, Google Meet, WhatsApp). Además, el Artículo 21 faculta a administradores para ejecutar actos de conservación urgente sin necesidad de votación previa.

Altuve recomendó ante la presente situación realizar un censo interno exhaustivo que incluya datos de adultos mayores, niños, personas con movilidad reducida, mascotas y el perfil profesional de los vecinos (médicos, ingenieros, psicólogos) para organizar la seguridad y el soporte emocional. Sin embargo, advirtió firmemente no entregar datos a personas ajenas al edificio, alertando sobre falsos funcionarios.

F / Fedecámaras Radio